En marcha la depuradora para Vadocondes
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Lleva años trabajándose el proyecto, pero por fin es ahora cuando comienzan a verse los primeros pasos para que la localidad de Vadocondes cuente con una depuradora que limpie las aguas residuales que se generan en el municipio. Y habrá una variación con respecto a la desafectación de bienes, ya que si en un principio estaba previsto ubicarle en la calle del Río, un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados, el malestar de los vecinos, explica el alcalde del municipio Luis Javier Herera, "nos lleva a modificar la ubicación por motivos medioambientales". Para su construcción se cuenta con la ayuda de la Junta de Castilla y León, dentro de su programa de depuración de poblaciones, con la firma de protocolos con la Diputación de Burgos.
Con respecto a la ordenanza, la aprobación inicial ha tenido lugar el pasado 25 de agosto por parte del Pleno y ahora mismo se encuentra sometida a información pública por el plazo de treinta días.
La ordenanza limita de forma estricta la presencia de sustancias peligrosas como sulfuros, cianuros, gases tóxicos, disolventes, pinturas, desechos radioactivos o residuos que generen coloraciones indeseables y difíciles de depurar.
Todas las industrias que superen los límites de contaminación fijados deberán presentar, en un plazo máximo de seis meses, proyectos de tratamiento corrector para adecuar sus vertidos a la normativa. Además, aquellas actividades susceptibles de aportar grasas o sedimentos, como restaurantes, talleres de vehículos o aparcamientos, deberán instalar arquetas separadoras y decantadoras. Ningún vertido podrá autorizarse sin la aprobación municipal, que establecerá condiciones específicas sobre caudales, horarios o características físico-químicas.
La ordenanza obliga también a la implantación de sistemas de pretratamiento cuando los vertidos no cumplan las condiciones exigidas, e incluso permite la autorización de instalaciones conjuntas entre varias empresas. Los usuarios deberán realizar autocontroles periódicos, conservar los resultados durante tres años y ponerlos a disposición del Ayuntamiento cuando se requiera. El Consistorio, por su parte, se reserva el derecho a revisar instalaciones y suspender autorizaciones si se detectan incumplimientos.
El régimen sancionador establece multas que van desde los 100 hasta los 750 euros para infracciones leves, de 751 a 1.500 euros para las graves, y de 1.501 a 3.000 euros para las muy graves.
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